El acuerdo, que se abre ahora a un plazo de exposición pública de 20 días naturales durante los cuales cualquier interesado podrá presentar sus alegaciones, se firmará y aprobará, publicándose en el BOR y de manera definitiva, en diciembre. Una muestra, según ha afirmado Del Valle, del propósito “firme y decidido” del Ejecutivo riojano de llevar adelante el proyecto.

El convenio, cuyo plazo de vigencia es de seis años (tiempo previsto para finalizar la urbanización), compromete a los propietarios a presentar el proyecto, con el informe de sostenibilidad ambiental -que no de impacto ambiental-, en un plazo de dos meses tras la aprobación definitiva del convenio. Además, deberán presentar avales por importe del 6% DE 1,7 millones de euros, coste estimado para la redacción de proyecto de zona de interés regional, estatutos y bases de actuación, proyecto de compensación y de urbanización.

Según ha aseverado Del Valle, “no ha habido intento” por parte del Gobierno de La Rioja “de evitar que no cumpliera los trámites que exige la ley”, en lo que a medioambiente se refiere. Sin embargo, ha apuntado que el informe de sostenibilidad será el documento “que deba acompañar exclusivamente” al proyecto de Ecociudad Montecorvo.

CRITERIOS OBLIGADOS
Eso sí, el proyecto de zona de interés regional que presenten los propitarios en este plazo de dos meses deberá adecuarse a varios criterios. El uso global de la zona de interés regional deberá ser residencial-parque urbano; los usos dominantes serán residencial protegido y parque urbano; en ningún caso, la intensidad de uso residencial del sector podrá ser superior a 6.500 metros cuadrados construidos por hectárea de cualquier tipología de uso residencial; además, el aprovechamiento medio no podrá superar los 0,421875 metros cuadrados por metro cuadrado de terreno referido al uso residencial del Plan General Municipal de Logroño.

Por otra parte, el convenio exige que el número máximo de viviendas no supere las 3.000. Del total de viviendas resultantes del sector, como mínimo el 90% estarán sujetas a algún régimen de protección pública y, en todo caso, como mínimo un 50% en la modalidad de régimen general. El 10% restante podrá ser vivienda libre. Asimismo, como mínimo, deberá reservarse para su desarrollo en la modalidad de autopromoción o cooperativa de vivienda protegida un 10% del número total de viviendas y otro 10%  en régimen de alquiler con opción de compra, también conforme a la normativa de vivienda protegida. Según ha especificado Del Valle, el convenio recoge también la obligación de que  todas las viviendas sean diseñadas con parámetros de arquitectura bioclimática.

Además, el proyecto deberá reservar un espacio en la parte superior del Monte Corvo para albergar un edificio destinado a la difusión de energías renovables al que se accederá mediante un tren funicular u otros medios mecánicos desde la parte inferior de la actuación, así como los espacios necesarios para la instalación de centros de producción de energías renovables.

Por otra parte, se garantizará, dentro del ámbito de la actuación, la producción de energía eléctrica mediante fuentes renovables equivalente, al menos, al consumo energético previsto, se instrumentará una solución de reutilizaciónreutilización de aguas, se contemplará la instalación de un sistema de recogida selectiva y neumática de basuras, se determinará como sistema de actuación el sistema de compensación y se atenderá especialmente al cumplimiento de las reservas legales para dotaciones, zonas verdes y espacios libres de uso y dominio públicos en proporción a las necesidades colectivas.

FUNDACIÓN DE PROPIETARIOS
Los propietarios de las viviendas resultantes crearán, según también recoge el convenio, una Fundación que se encargará por su parte de la producción, gestión, administración y venta de las energías renovables que se generen en los espacios que se destinarán  a tal fin en la zona de interés regional, de la edificación que se implante en la parte superior del Monte Corvo, así como de su posterior gestión y administración y de las actuaciones de investigación y desarrollo de nuevas energías renovables. A cambio, deberán aportar hasta un máximo de 11.419.927 euros, además de una suma equivalente al 1% del beneficio empresarial que obtengan por la promoción inmobiliaria de las parcelas que les sean adjudicadas en el proyecto de compensación.

Según apunta el convenio, “para el cumplimiento de sus fines, la Fundación contará con la financiación permanente derivada de la explotación exclusiva de las energías renovables que se generen en los espacios reservados para ello en la zona de interés regional, así como con la derivada de su propio funcionamiento”.

Por último, el Gobierno de La Rioja se compromete a tramitar con “máxima diligencia” tanto del proyecto de zona de interés regional como del informe de sostenibilidad, conservando siempre la iniciativa pública y la potestad planificadora y a establecer el sistema de compensación.

PLAZOS
Según ha explicado Del Valle, los plazos del proyecto de la Ecociudad continuarían ségún lo previsto hasta ahora por el Gobierno de La Rioja.

Así las cosas, el proyecto de zona de interés regional quedaría aprobado provisionalmente a principios de año y de manera definitiva en mayo de 2009. En el segundo semestre del próximo ejercicio, se tramitaría el proyecto para iniciar las obras en 2010.
Fuente: rioja2.com